“Antes que nada queremos manifestar que el Partido Colorado tanto a nivel nacional como a nivel departamental se encuentra a favor de terminar con la conocida “guerra de las patentes”.

Sin embargo, para lograr cualquier tipo de solución a un problema, y más aun a un problema que se dirime entre personas elegidas por el pueblo (por tanto representantes de la gente), lo primero que se debe de tener claro, es el respeto a la Constitución de la República, así como a las normas vigentes. Cosa que no ha sucedido en éste caso.

Es decir, una vez más, no solo los colorados, no solo los integrantes de ésta Bancada de ProBa (Propuesta Batllista) liderada por los compañeros Elinger y Francisco, vemos cómo se vapulea, se desconoce y se desacredita a nuestra Carta Magna que es -entre otras cosas- el pilar del ordenamiento jurídico de nuestra querida República Oriental del Uruguay.

Otra vez nos encontramos asombrados, de cómo éste gobierno del Frente Amplio, es decir el Oficialismo, desconoce con capricho las autonomías de las Juntas Departamentales de todo el Uruguay.

Cuando el martes, cerca de la media noche, se nos informaba de la urgencia por parte del gobierno del Frente Amplio de Maldonado, de citar a ésta Sesión Extraordinaria del miércoles 28, realmente sentíamos que una vez más, se abusa de las mayorías para repudiar a las minorías y por tanto a gran parte de la población que sabe, que entiende, que comprende, que no es tonta, y que conoce, que existe el Derecho para ser respetado. Otra vez, nos encontramos con actos de gobierno inconstitucionales, apartados de la ley, y caprichosos a la hora de tomar decisiones, a la apurada.

Es un despropósito que no se tuvieran en cuenta ninguna de las propuestas de la oposición constructiva, es decir de nuestro Partido Colorado a la hora de tratar éste tema en el Parlamento Nacional. Con lo cual, adelantamos, que hoy, el oficialismo, se encuentra de forma encubierta, fomentando aún más la guerra de las patentes, porque toman decisiones solos, aislados. Y volvemos a repetirlo: sin tener en cuenta lo que establece la Constitución de la República.

Este Gobierno dejó pintado al Congreso Nacional de Ediles, y a ésta propia Junta Departamental, que de apuro, tiene que salir a convalidar lo que hoy estamos tratando.
Se desconoce la definitiva tabla de aforos y alícuotas, que se utilizarán para determinarán cuánto afectará a cada tipo de vehículo el nuevo sistema. La izquierda oficialista no presentó la tabla definitiva, que recién comenzó a ser elaborada por los técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P.) y el Congreso de Intendentes. Cosa que nos indigna. No solo por nosotros que tenemos y asumimos responsabilidades frente a quienes nos votaron, sino por sobre todo frente a una población que no sabe si los aumentos que deberán afrontar en el pago de sus patentes serán del 300 por ciento o del mil por ciento. Y lo recalcamos, no se sabe a ciencia cierta si los aumentos de las patentes que éste gobierno del frente amplio impone serán 3 veces mayores al monto que hoy existe o 7 veces.

Las Juntas Departamentales debían haber sido incluidas desde un principio en el proyecto original para respetar la autonomía Departamental, tal como lo establece la Constitución.

Como Grupo y Partido responsable que somos, en ésta Bancada Colorada queremos dejar bien en claro que puede haber ley, es decir, la existencia de la norma, pero que puede suceder que no se concrete la tan ansiada -por todos- "patente única"; en virtud de la lluvia de recursos de inconstitucionalidad que serán presentados y demás cuestiones jurídicas y políticas que complicarán algo que nació mal, por no regirnos por el Derecho Vigente.

Algunos de los cambios que se introducen comenzarían a aplicarse a partir del año 2012.

Se crearía entonces el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Este organismo estará encargado de realizar todas las acciones y gestiones necesarias para el cobro del tributo de Patente de Rodados de los vehículos automotores empadronados en cualquier departamento de la República, es decir, una gran máquina de recaudar dinero; algo así como una bolsa grande de dinero que el gobierno nacional del frente amplio manejará.
Dentro de esa gran bolsa, estará obviamente lo recaudado por recargos, multas y moras, tanto de los automóviles, como de los propietarios de cada vehículo.
El "Sucive" será administrado por un fideicomiso que deberá ser autorizado por el Banco Central del Uruguay (B.C.U.). Y deberá existir un contrato inicial entre las intendencias y el organismo, de unos 15 años y será “prorrogable automáticamente” por la misma cantidad de períodos.

15 años significa ir más allá del período de gobierno, lo cual requiere de 21 votos en cualquier Junta Departamental, es decir, otra violación al ordenamiento jurídico que este gobierno fomenta.

En resumen, se aprobó la ley, pero no se sabe en qué cifra quedarán las patentes, cómo son los aforos y ni siquiera si todo esto tendrá aplicación.

Es importante señalar que la guerra de las patentes ha sido una lucha estrictamente entre intendentes y ni siquiera entre todos: solamente tres o cuatro, entre los cuales la mayor beligerancia la ha encabezado Montevideo, obviamente gobernada por el Frente amplio desde hace varios períodos.

Con pesar debemos señalar que esto es algo así como un refritado de normas con disposiciones sobre el alumbrado público, las deudas con la UTE y el reparto de fondos desde el gobierno central.

Durante el trámite parlamentario se tomó la precaución de consultar a renombrados constitucionalistas. Todos ellos, al unísono y agarrándose la cabeza, afirmaron que el engendro presentado era inconstitucional por donde se lo analizara. Imperturbables ante el trámite de la consulta los legisladores nacionales oficialistas hicieron todo lo contrario a lo sugerido por los expertos y votaron el proyecto para que fuera ley.

Esta ley "soluciona" la disparidad de patentes que existe aplicando una lógica típica del Uruguay decadente que muchos queremos dejar atrás: se emparejó para abajo, se ayuda a las intendencias ineficientes a costillas de los administradores prolijos.

Este es, sin duda, un mal paso parlamentario-departamental.

E insistimos como integrantes de éste prestigioso órgano legislativo departamental: una vez más vemos como se siguen cayendo las banderas del partido de gobierno; ahora, olvidándose de la tradicional defensa de las autonomías departamentales, prerrogativa que se ha menoscabado a cambio de un reparto de fondos desde el gobierno central.

Las autonomías departamentales son una bandera activa del Partido Colorado, no una joya para exhibir en un museo.

Ellas significan el reconocimiento político del pago, la valoración de la comarca y la afirmación de que la autoridad municipal que el vecino ha votado tiene que responder ante él por el manejo de los fondos departamentales.

De la descentralización mejor ni hablamos !!

Para finalizar, y con mucho respeto, queremos señalar que muchas veces se ha dicho que los dirigentes partidarios deberían recorrer más el país para conocer mejor las necesidades y aspiraciones de la gente: con la mayor humildad decimos a esa cuestión, que una lectura de esto que hemos señalado como Partido Colorado hoy, a algunos, les podría ahorrar unas cuantas caminatas.