A la Junta Departamental de Maldonado:

Cúmplenos elevar al Plenario las siguientes consideraciones derivadas del análisis profundo del asunto cometido de ésta Comisión Investigadora:

Informe del Partido Colorado: Comisión Investigadora Exp. 484/10

El día 21 de setiembre de 2010 ante un planteo en Sala realizado por el Sr. Edil Dr. Francisco Sanabria Barrios a los efectos de analizar en profundidad expedientes vinculados a fraccionamientos relativos a zonas turísticas, en especial, uno aprobado en aproximadamente 4 días, de más de 400 hectáreas, en la zona del Arroyo Maldonado, justo en el momento en que el Gobierno Nacional estaba aprobando la nueva ley de Ordenamiento Territorial y Medioambiente, que cambió sustancialmente la manera  de utilización y aprovechamiento de la tierra, tanto en factor de ocupación, como de zonas de Humedales, así como desde el punto de vista de cánones no previstos anteriormente; se conformó ante esta preocupación y a solicitud de la Bancada del Frente Amplio contando con la aprobación unánime de presentes, la Comisión Investigadora.

Como primera consideración política, debemos celebrar que el funcionamiento de la Comisión Investigadora ha sido respetuoso

–tanto en lo que respecta a la reserva interna como externa- en el manejo de la información que ha trascendido públicamente. Por lo cual nos sentimos muy satisfechos de la seriedad política con que se han tratado temas muy sensibles a la opinión pública, así como a los inversores -a quienes respetamos y valoramos desde siempre-, dentro del marco de las normas vigentes y el Derecho, como elemento fundamental  del desarrollo de nuestro Departamento de Maldonado, y de nuestro País.

Es decir, se cumplió nuestro deseo de trabajar investigando de acuerdo al artículo 273 de la Constitución de la República; y se produjo un trabajo serio y responsable, siendo desde nuestro punto de vista personal y político partidario una rigurosa y seria Comisión Investigadora –tanto de parte de los señores Ediles que la conforman, así como de los asesores invitados, como de las Informaciones que se han solicitado a la Intendencia Departamental-.

Señalamos la importancia de haber recorrido el camino de la Investigación y no el camino de la Difamación: todos sabemos la dificultad de una comisión en un sentido o en otro.

Es por ello que entendemos que el Instituto  de la Comisión Investigadora logra fortalecerse por su accionar en éste caso específico.

Ingresando al tema de fondo, no hay dudas de que este expediente –junto a otros- recibieron un tratamiento urgentísimo y preferencial. Cosa que no han tenido la misma suerte los más de 6.000 (seis mil) expedientes que se encuentran en la Intendencia Departamental de Maldonado, dentro de las mismas dependencias y bajo la órbita de la Dirección General que motivó el estudio de la presente.

Más de 6.000 (seis mil expedientes) que los vecinos del Departamento de Maldonado, del País o Inversores Extranjeros, tienen sin resolver frente a la I.D.M., generando problemas de toda índole. Cuestión que podemos ejemplificar, en un vecino que canjea su pequeña vivienda en su Barrio de Maldonado por una pequeña chacra, y se compromete de buena fe, frente a la firma de un Compromiso de Compra-Venta con un plazo de 1 año, a tramitar el final de obra en la Intendencia, con una multa equivalente al monto del negocio pactado; y pasan más de 2 años y medio, y recién pudo resolver su situación; atravesando decenas de audiencias, decenas de noches sin dormir, y la pérdida final de su chacra porque en la Intendencia siempre recibió como respuesta “la semana que viene, la semana próxima”, o ni siquiera un no, o un sí. En todo caso recibió siempre un “ni”.

Tenemos en nuestro poder decenas de casos de ésta naturaleza, algunos urbanísticos, otros territoriales, otros de mero trámite, los cuales fundamentan nuestras afirmaciones.

Estos temas fueron los que nos llevaron a exponer sobre las situaciones creadas. Es decir, querer saber por qué algunos logran lo que otros no.

Para ayudar también a miles de personas afectadas, no solo en lo económico –con el ejemplo antes mencionado- sino en lo familiar y espiritual, donde cientos de familias que no encuentran muchas veces –porque no pueden acceder a ello- un mínimo de asesoramiento a su problemática.

Y esto sucede en tiempos de electrónica, de programas informáticos de gestión, de avances tecnológicos administrativos, donde nuestra población se siente a la deriva en sus trámites frente a la I.D.M. y las dependencias específicas involucradas.

Sabemos además que esas secciones se encuentran abarrotadas de expedientes sin resolver y que no es por culpa de los funcionarios  o de los técnicos, pero sí existe responsabilidad política de la Administración.

Debemos señalar que nuestro planteamiento de fondo  referido a los miles de expediente retenidos, -generando en muchos casos pérdida de inversión y de trabajo para nuestra gente-, no pueden estar 1 año, 2 o 3 sin resolución afirmativa o negativa. Ya que la globalización económica hace que el inversor que viene en busca de certezas jurídicas, también requiera resoluciones amparadas en el marco jurídico vigente, dentro de plazos razonables.

Cuando así no sucede, ese inversor se marcha a otro lado.

En el caso de los vecinos de Maldonado que tienen sus trámites pendientes, los perjuicios son tremendos. Ya que no solo los frenan o desestimulan, sino que los perjudican enormemente.

Confirma nuestra preocupación inicial, el llamado público de la Intendencia para la Contratación de profesionales para dichas áreas (Ingenieros, Arquitectos, etc.); así como el reciente convenio de la Intendencia con la Filial de la Sociedad de Arquitectos de Maldonado.

Creemos que lo anteriormente señalado, se encuentra enmarcado en la línea del reconocimiento de la propia Administración de la Saturación de Expedientes sin resolver que oportunamente –un año atrás- enunciábamos.

Anunciamos como complemento a éstas medidas, la necesidad de  una amnistía de regularización edilicia para nuestro Departamento de Maldonado, que parta de cánones de eficiencia profesional y técnica efectiva, que en sus bases pudiera tener lo que hoy los Gobiernos Modernos del Mundo aplican, y es, por ejemplo, que si en un plazo de 90 días de presentación a quienes se amparen en dicha amnistía la administración no se pronuncia, queda aprobada dicha presentación. Esto, exclusivamente válido, para viviendas de interés familiar, en un Departamento que ha crecido de forma desorganizada y veloz, que requiere de medidas de este tipo para darle mayor formalidad a la trama urbanística de nuestras ciudades.

Más allá de las responsabilidades jerárquicas de enormes expedientes aprobados en 4 días, nos preocupa también la irresponsabilidad política-administrativa de la no resolución de expedientes sencillos y básicos, de familias trabajadoras, humildes, del Departamento –que enumerábamos anteriormente- los cuales  demuestran fehacientemente la justificación de nuestro planteo.

Como todo tema técnico, político, administrativo; pueden existir diversas opiniones.

En lo que no pueden darse diferentes opiniones es en las certezas del caos burocrático administrativo que las autoridades gubernamentales no han podido encausar si quiera en beneficio de los habitantes de Maldonado, de los inversores; y fundamentalmente en acompañar al impresionante desarrollo que trae importantísimos beneficios para el Departamento.